"Se habla mucho de la falta de estadísticas confiables en materia de Inflación, Pobreza/Indigencia, Desempleo y otras, pero no se dice ni media palabra acerca de las grandes distorsiones de cifras oficiales y el ocultamiento sistemático de las informaciones en materia de Deuda Pública."
Por Héctor GIULIANO (8.5.2015).
El gobierno Kirchner – como todas las administraciones que lo precedieron – oculta el monto de la Deuda Total del Estado Argentino.
Cuando se quiere analizar el problema de fondo de la Deuda Pública aparece una pregunta fundamental pero siempre soslayada que es: ¿cuánto debe en total, directa e indirectamente – aunque sea en forma aproximada pero con base realista - el Estado Nacional?
A esta cuestión nos hemos referido ya en diversas oportunidades más el panorama continuamente cambiante de los números en aumento de la Deuda y el hecho que no haya información pública ni privada al respecto, nos obliga volver sobre el asunto pese a las pocas fuentes de datos disponibles al respecto.
El objeto del presente trabajo es así un intento de cuantificar la magnitud estimada de este enorme stock global de la Deuda de nuestro país que las autoridades no quieren informar y que los investigadores económicos y los medios de comunicación en general eluden tocar.
LOS MONTOS PARCIALES DE LA DEUDA ARGENTINA.
A los fines del presente trabajo se considera Deuda – desde el punto de vista fáctico y técnico – “todo lo que se tiene que pagar” en función de los compromisos financieros que pesan sobre el Gobierno Argentino.
La determinación de este importe está muy lejos de ser conocido debido al ocultamiento de las informaciones por parte de las autoridades pero pudiera ser parcialmente identificado.
Sobre la Deuda Pública del Estado Nacional sólo se tienen datos oficiales en tres rubros: Estado Central, Banco Central (BCRA) y Provincias.
Salvo el BCRA, que edita semanalmente su Balance Resumido de Activos y Pasivos, los números del Gobierno Nacional – Ministerio de Economía (MECON) - y del consolidado de las Provincias, presentan siempre un demorado e injustificado desfase en la información, siendo la última al 30.6.2014.
Las cifras del MECON – con fuente en la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) de la Secretaría de Finanzas (SF)/Subsecretaría de Financiamiento (SSF) – a su vez, no están claramente explicitadas porque – como vamos a ver - hay importantes rubros de Deuda no Registrada o no computada como tal.
Pero una masa importantísima de Deuda Pública, que permita saber o al menos tener idea de la Deuda Nacional, no está considerada aquí ni se tiene idea aproximada de la misma debido a la falta de información por parte del Gobierno.
Faltan así los números de la Deuda Pública Indirecta – Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios – de los Municipios del País (de los que no hay referencia alguna) y de los juicios contra el Estado con sentencia en firme (caso de la ANSES).
Este tema – el del interrogante de la Deuda Pública Nacional de la Argentina – constituye el objeto del presente trabajo tratando de armar un cuadro de situación del endeudamiento del Estado a la vez que alertando sobre la importancia y gravedad de la deliberada falta de información oficial en la materia.
Sólo tres aclaraciones metodológicas preliminares antes de entrar directamente en los números de la Deuda:
1. Todas las cifras se toman a Valor Nominal (VN) y se expresan en Millones de Dólares/Pesos (MD/M$) con redondeo.
2. Se omiten aquí – a los efectos de simplificar los cálculos – las proyecciones (positivas o negativas) por diferencias de cambio y/o por indexación CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que replica el índice de Inflación.
3. No se toma en cuenta la Capitalización de Intereses (Anatocismo) ni se considera el efecto acumulativo de los intereses sobre la nueva deuda que se va contrayendo.
Tampoco se toman aquí las Deudas Flotantes/Exigibles ni Contingentes, salvo los juicios contra el Estado que – en valores estimados – corresponden al Gobierno Central.
Cómo es lógico, el mecanismo de cálculo se puede precisar y complicar hasta el infinito pero el propósito de esta nota es sólo plantear el problema y mostrar algunos datos representativos de la cuestión del monto de la Deuda Nacional.
Se trata de todo un esfuerzo personal de aproximación para intentar cuantificar informaciones que no es que no existan sino que existen pero que el Gobierno no quiere suministrar a la Opinión Pública y al Pueblo Argentino.
DEUDA DEL ESTADO CENTRAL.
Según la última información disponible del MECON, al 30.6.2014 la Deuda Pública en cabeza del Estado Central era de unos 200.000 MD (198.900, Planilla A.1.1).
Esta cifra es incompleta porque debe agregársele otros 12.000 MD (11.900, Planilla A.1.2) por Deuda de los Holdouts (Bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010); lo que da un total – con base oficial – de 211.000 MD (210.800).
Pero aquí hay tres rubros de deuda no registrada como tal, que no se computan en los números del MECON:
1. El primero de estos rubros es el diferencial de la deuda a pagar a los Holdouts por juicios contra el estado, que incluye intereses acumulados, punitorios, recargos y probables penalidades por demora en el cumplimiento del fallo Griesa, honorarios a los abogados intervinientes (propios, de los Fondos Buitre y del mediador Pollack) y gastos en general (como parte de las costas por los juicios perdidos ante tribunales extranjeros).
Esta suma ha sido estimada entre 20-30.000 MD, aunque el gobierno la minimiza en unos 17-18.000 MD, pero esta idea proveniente de versiones oficialistas parece contradecirse desde el vamos con la realidad ya que no se refiere a la totalidad de conceptos en juego y a que los hechos están demostrando que la diferencia entre los capitales originalmente reclamados por los acreedores y los montos resultantes son más del triple.
En el caso testigo del fallo Griesa la suma original del reclamo era de unos 400-450 MD y la sentencia – con los intereses acumulados – fue de 1.330 MD (y los recargos devengados hasta la fecha elevan ya este importe a los 1.700-1.800 MD).
Por ende, es válido incluir este monto diferencial de la deuda con los Holdouts (una deuda que el gobierno Kirchner nunca impugnó en su legitimidad) dentro del total de la Deuda Oficial y además hacerlo por el gasto completo que demandará al Estado Argentino.
Ello supone agregar a la Deuda no sólo los 12.000 MD reconocidos por el MECON sino también por lo menos otros 10.000 MD que estarían subestimados frente a las sentencias en curso.
2. El segundo rubro omitido en el stock de Deuda Oficial es el de los Cupones ligados al Producto Bruto Interno (VLPBI), que hoy suman unos 10-15.000 MD restantes de pagar y que el gobierno los considera como Deuda Contingente cuando se trata de Deuda en firme (Planilla A.4.1).
3. El tercer rubro no tomado en cuenta, pero que pesa como realidad de las obligaciones asumidas, es el de los Intereses a Pagar y que según los datos oficiales es de 77.200 MD (Planilla A.3.6).
Este punto es mucho más gravoso todavía pero virtualmente imposible de cuantificar porque ocurre que la totalidad de los vencimientos de la Deuda Pública por Capital se refinancian – hasta el último centavo – con nueva deuda y no son, en consecuencia, cancelaciones netas de pasivos sino simples novaciones de deuda.
Este hecho – aparte de demostrar exactamente lo contrario de lo que dice el ministro Kicillof cuando habla de que en la actualidad no se paga más “deuda con deuda” – conlleva una distorsión mayúscula en la presentación de los datos porque el citado Cuadro de Perfil de Vencimientos (A.3.6) asume el falso supuesto que las deudas se van a ir cancelando a su fecha de maduración (de aquí al 2089) y que los intereses, consecuentemente, son decrecientes; mientras que en la realidad la cosa es al revés ya que la Deuda Pública no baja sino que sigue aumentando – a un ritmo promedio superior a los 10.000 MD anuales – y que los intereses también aumentan en proporción a la deuda acumulativa y a las mayores tasas que se están aceptando.
Habría que añadir, por último, el importe conjunto - todavía no mostrado por el MECON - correspondiente a las nuevas obligaciones del Tesoro contraídas desde el 30.6.2014 hasta la fecha – colocaciones de bonos en pesos y en moneda extranjera, nuevos préstamos de China para Obras Públicas/Infraestructura y trenes, y nuevos préstamos de Organismos Financieros Internacionales (Banco Mundial, BID y CAF) – cuya suma podría estimarse en unos 10.000 MD más.
En síntesis: sumando entonces estos tres rubros de Deuda no Registrada – o no computada – por la administración K más el estimativo de la nueva deuda de los últimos meses, llegamos a que el stock de Deuda Total del Estado Central debiera estar hoy en el orden de los 323.000 MD (211 + 10 + 15 + 77 + 10, en miles de MD).
DEUDA DEL BCRA.
La Deuda cuasi-fiscal del BCRA constituye hoy, en la práctica, una suerte de “ventanilla lateral” del endeudamiento del Estado, donde el Banco actúa como intermediario del sistema de la Deuda descargando parcialmente la del Tesoro y asumiendo además nueva deuda propia.
La Deuda Pública del BCRA está hoy compuesta por tres grandes rubros:
1. Los Pasivos por Cuentas Corrientes en Otras Monedas, que hoy suman unos 7.500 MD y que corresponden a los encajes bancarios por depósitos en dólares (según el último balance resumido semanal, al 30.4.2014).
2. Los préstamos que figuran en Otros Pasivos, que corresponden a los créditos de otros bancos centrales (fundamentalmente Banco de Francia, Swap de monedas con el Banco Popular de China y BIS de Basilea) y que hoy totalizan 8.400 MD.
3. Los Títulos emitidos por el BCRA (Lebac/Nobac), que en su gran mayoría están en pesos (319.700 M$), equivalentes a casi 36.000 MD (35.900).
Cabría computar además las deudas en cabeza del BCRA correspondientes a los fondos que todavía falta integrar por aumento de cuotas al FMI y otros Organismos Internacionales, cuyo saldo oficial sumaría unos 650 MD netos.
Todo esto nos da que la Deuda Pública en cabeza del BCRA es hoy de unos 52.500 MD (7.500 + 8.400 + 15.900 – 650).
DEUDA CONSOLIDADA DE LAS PROVINCIAS.
La última información disponible sobre la deuda total de las provincias – incluida la CABA – es también del MECON al 30.6.2014, y daba entonces un monto de 182.000 M$, equivalente a 22.400 MD.
Una parte considerable de esta Deuda – aproximadamente el 45 % - corresponde a deudas con el Gobierno Nacional, que se refinancian continuamente y que son, además, motivo de periódicas condonaciones parciales, por lo que la Deuda Neta resultante por diferencia no se suma aquí íntegramente a la Deuda del Tesoro para no computarla dos veces.
El importe de la deuda tomada para las provincias puede reducirse así al equivalente de unos 12.000 MD (65 % s/22.400) aunque la desactualización de las cifras y el hecho que gran parte de las jurisdicciones provinciales siguen tomando deuda y esperan asumir más todavía si se regulariza la crisis de los Holdouts permiten presumir que el stock no debiera ser hoy menor a los 15.000 MD, como piso prudente.
DEUDA DE LOS MUNICIPIOS.
Este dato no se conoce: nadie sabe cuánto deben los Municipios del país y mucho menos a quién, cómo y con qué perfil de vencimientos.
Se supone que una gran parte de tales deudas están contraídas con sus respectivos gobiernos provinciales – así como las provincias arrastran las contraídas con el gobierno nacional - pero, dada la falta de informaciones, no pueden hacerse conjeturas válidas.
DEUDA PÚBLICA INDIRECTA.
Bajo el título de Deuda Pública Indirecta se agrupan tres grandes rubros: Empresas del Estado (de capital total o parcialmente en manos fiscales), Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios o Fideicomisos Públicos.
De ninguno de estos tres agrupamientos se tiene información oficial y una reconstrucción hipotética es inviable tanto por la falta de datos como por problemas de desactualización.
La Deuda Indirecta es muy probablemente el gran “agujero negro” de las finanzas K, donde se puede esperar cualquier sorpresa el día de mañana.
Empero, la complejidad de la estructura de endeudamiento de estas obligaciones es tan grande que tampoco sería posible intentar tal reconstrucción sin acceso a las fuentes de las operaciones ya que una parte relevante de los compromisos pueden estar indistintamente a cargo de los entes respectivos o del Estado Central.
El caso paradigmático y seguramente el más importante es el de YPF, cuya estatización de la mayoría del paquete accionario supuso un fuerte aumento en la Deuda del Estado: 9.000 MD de Deuda Externa heredada de la administración Repsol-Eskenazi, 11.000 MD de pago de indemnizaciones a Repsol (6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses) y 37.200 MD del programa de endeudamiento para financiar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el quinquenio 2013-2017.
Así, en total, la estatización parcial de YPF implicó que el Estado – directa y/o indirectamente – se echase encima un paquete de más deudas superior a los 57.000 MD (9 + 11 + 37 en miles de MD).
Las obligaciones de los entes del Estado – en sus diversas formas jurídicas – han tenido y tienen un ritmo vertiginosamente creciente en el monto total de la Deuda Pública Nacional.
Baste recordar que según el Presupuesto 2015 – Ley del Congreso 27.008 – el Poder Ejecutivo está facultado a tomar (en este último año de su gestión) decisiones de nuevo endeudamiento por hasta 133.600 MD: 46.100 MD por Operaciones de refinanciación de Crédito Público (artículo 37), 50.300 MD por Operaciones de Préstamos para Obras Públicas/Infraestructura (artículo 41) y 37.200 MD para Operaciones de Crédito pluri-anuales (artículo 43).
A lo que debe agregarse la autorización de avales y garantías del Estado Central por hasta 47.260 MD.
Un verdadero “cheque en blanco” para que el gobierno Kirchner – en las postrimerías de su gestión – pueda hacer lo que quiera en materia de endeudamiento; con el agravante que no existe demostración alguna de la capacidad de repago sobre estas nuevas obligaciones.
JUICIOS CONTRA EL ESTADO.
Un último rubro dentro de este listado de componentes desconocidos de la Deuda Pública Nacional lo constituye el monto conjunto estimable de deudas por juicios contra el Estado con sentencia en firme, así como el complemento de aquéllos litigios en curso sobre los cuales está descontado que – temprano o tarde, total o parcialmente – el Fisco termina perdiendo y debiendo asumir en consecuencia el costo de los reclamos, más sus costas por honorarios y gastos.
Sobre este rubro – como en los casos anteriores – no existe información oficial ni siquiera estimativa pero los problemas que se siguen acumulando configuran otro “agujero negro”, seguramente tanto o más grande que el de la Deuda Pública Indirecta.
A los fines de dar una idea de la magnitud y alcance de la cuestión de los Juicios contra el Estado pueden identificarse, en principio, tres tipos de demandas:
1. Los reclamos ante el CIADI y otros tribunales arbitrales internacionales, que a la fecha se estima comprenden una veintena de presentaciones por un importe conjunto con un piso de 8-10.000 MD.
2. Juicios nuevos y de arrastre por parte de Proveedores y Contratistas del Estado, algunos de los cuales pueden llegar hoy a cifras tan extraordinarias como desconocidas (caso Yaciretá y/o demandas por daños contra el Medio Ambiente contra YPF, heredadas de Repsol).
3. El gran paquete de los juicios previsionales por ajustes jubilatorios contra la ANSES, cuyo monto tampoco se informa como para saber los importes que están en juego pero que alcanzan también a cifras altísimas.
Éste es otro “sub-agujero negro” de la Deuda Pública Nacional, cuya gravitación y forma de manejo ameritan un comentario específico.
En la actualidad, la ANSES enfrenta algo más de 300.000 juicios (310.000), de los que se entiende que unos 270.000 corresponden a reclamos por reajuste de haberes.
El gobierno no informa el monto a pagar que supone esta masa de juicios que – como es sabido – dilata en forma exasperante jugando con el ánimo y la vida de los reclamantes.
Las últimas liquidaciones de estos juicios, que sistemáticamente se pierden después de años de litigio, que se apelan volviéndose a perder en segunda instancia y que recién entonces pasan a liquidación – con el consiguiente paso del tiempo – implican un pago promedio de 200.000 $ por causa perdida.
Haciendo un cálculo simple de 270.000 juicios por 200.000 $ cada uno eso daría un monto aproximado de 54.000 M$ (equivalentes a 6.000 MD).
Pero estos cálculos corresponden sólo a los jubilados que hicieron juicio a la ANSES por las liquidaciones mal realizadas y no a la totalidad de los pasivos que debieran ser alcanzados por el reajuste (caso Badaro y conexos) de modo que quien no hizo juicio no percibe indemnización alguna.
Como el total de jubilados y pensionados con derecho a reajuste sería de unas 6.0 millones de personas pero sólo uno de cada 20 hacen juicio contra la ANSES, el gobierno va licuando progresivamente esta deuda potencial como producto del no reclamo de la mayoría de los damnificados ya que – por lógica biológica – van muriendo los más viejos, que son los que acumularían más retroactivos y entonces jubilado que muere es un problema menos para el Fisco.
De esta manera, merced a las dilaciones legales del gobierno y a la inadvertencia de la mayoría de la población pasiva, el Estado evade sus obligaciones de actualización retroactiva de haberes jubilatorios por este rubro.
Hasta aquí, las principales observaciones y/o comentarios sobre el problema de los Juicios contra el Estado, acerca de cuyo monto no es posible tener una idea aproximada pero que – a estar por los datos parciales estimados – no bajaría de un piso de 20.000 MD; sin contar los juicios de los Holdouts (a los que ya se hizo referencia en el punto 1 de las Deudas del Estado Central).
Ciertamente, los tiempos en que caerán estos compromisos de pago y su monto exacto no pueden predeterminarse ahora pero las estimaciones globales cuantitativas sí serían posibles si se tuviese información oficial.
Hacia el año 2000 se había hecho un relevamiento del monto total de juicios contra el Estado que daba un cúmulo de unos 20.000 MD, dentro del que tenía ya un gran peso el arrastre de los problemas previsionales.
A posteriori, no se conocen relevamientos ni estimaciones confiables sobre este tema pero los litigios aumentaron casi exponencialmente después de la caída de la convertibilidad, sobre todo por la pesificación asimétrica, los reclamos ante el CIADI y las demandas por ajustes jubilatorios.
El “agujero negro” de los juicios contra el Estado pasaría así al próximo gobierno en iguales o peores condiciones en que la administración Kirchner lo recibió.
LA DEUDA EXTERNA PRIVADA.
Queda un capítulo marginal dentro del endeudamiento del Estado – ya que no toca directamente a las obligaciones públicas – pero que incide muy fuertemente en los números del Fisco, que son los compromisos privados, hoy agravados por las distorsiones acumuladas bajo la gestión K.
La Deuda Externa Privada – último dato del BCRA al 30.9.2014 - es de unos 66.000 MD (65.900) y tiene una vida promedio de sólo 1.8 años.
Más de una tercera parte del total – 23.800 MD – corresponden a Deuda Exigible o vencida, producto mayoritariamente de atrasos en el pago de importaciones (se estima entre 5-6.000 MD) y, sobre todo, de frenos gubernamentales al giro de Utilidades/Dividendos al Exterior.
Esta masa de obligaciones privadas, cuyas transferencias son en gran medida retenidas por las autoridades, pesan sobre los requerimientos de divisas que las empresas le formulan al BCRA, que carece de las reservas suficientes para suministrarles moneda extranjera a los deudores privados.
La situación se agrava en la medida que el cúmulo de estas deudas externas exigibles supone una cantidad hoy imposible de proveer por parte del Estado.
Y como el BCRA sostiene su stock de Reservas Internacionales con Deuda – vía Lebac/Nobac, trasponiendo los términos de financiación (primero emite dinero para comprar dólares y luego lo rescata pagando intereses del 27-29 % anual) – la Deuda Externa Privada deviene también un factor de peso dentro del endeudamiento público (en este caso, como deuda de tipo cuasi-fiscal).
Con el peligro que si el gobierno – el actual o el que viene - produjera una nueva macro-devaluación del peso reaparecería entonces el viejo fantasma de los seguros de cambio con su pasaje parcial de las obligaciones hacia una estatización de las deudas privadas.
Hasta aquí el total aproximado de los Pasivos del Estado Argentino sobre los que es posible el intento personal de cuantificación de la Deuda Nacional a que nos hemos referido al comienzo de la presente nota.
EN CONCLUSIÓN:
Dada la magnitud de los conceptos de endeudamiento en juego queda en claro que el tema es lo suficientemente importante como para que el problema de las cifras verdaderas deba ser aclarado y sus números exhibidos.
Se habla mucho de la falta de estadísticas confiables en materia de Inflación, Pobreza/Indigencia, Desempleo y otras, pero no se dice ni media palabra acerca de las grandes distorsiones de cifras oficiales y el ocultamiento sistemático de las informaciones en materia de Deuda Pública.
Si este trabajo contiene equivocaciones las autoridades pertinentes de la administración Kirchner pueden perfecta e inmediatamente informar las correcciones del caso para zanjar toda duda al respecto; a menos que prefieran seguir escondiendo los datos oficiales del endeudamiento como lo han hecho hasta ahora.
Dicho con otras palabras: que, con todas las extraordinarias limitaciones del caso, éstos son mis números. Si el gobierno quiere hacer públicas las informaciones sobre todos y cada uno de los rubros aquí analizados y de las mismas surgieren errores directos de mi parte, estoy dispuesto a rectificarlos.-
