29 de diciembre de 2014

LA DEUDA PÚBLICA DEL 2015.




Por Héctor GIULIANO (26.12.2014).

Mucho se habla de conjeturas y expectativas sobre lo que puede pasar el año próximo en materia económica pero poco se dice sobre las realidades concretas del endeudamiento público frente al 2015.

El gobierno Kirchner no suministra información acerca del monto y composición de la Deuda del Estado. La última dada a conocer por el Ministerio de Economía (MECON) corresponde al 31.12.2013.

Esto es, que ha transcurrido todo el año sin que se tenga información sobre la evolución del endeudamiento durante el ejercicio 2014.

Con el agravante que el Presupuesto - aprobado a fines del 2013 - fue inmediatamente alterado, apenas iniciado este año, cambiando los supuestos macro-económicos básicos (devaluación, inflación, crecimiento económico, etc.) sin que el Congreso hiciera nada por intervenir y dejando que el Ejecutivo decidiera unilateralmente en el manejo de las Finanzas Públicas vía Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y uso de Poderes Especiales.

La administración K no cumple así con una normativa presupuestaria lógica, legal y conocida ni con su deber de confeccionar y difundir - en tiempo y forma - los informes trimestrales de Deuda Pública.

Ni siquiera cumple con dar mínimos datos actualizados o resumidos sobre el total de dicha deuda a través de comunicados oficiales, pese a que se trata de novedades que forzosamente se monitorean a diario.

Este comportamiento restrictivo deliberado priva de información clave para los análisis económico-financieros y favorece la continuidad del tratamiento secreto de la Deuda Pública.

Es parte de la política institucional de ocultamiento de las cuestiones de fondo y de las informaciones básicas relativas a la Deuda por parte del gobierno (que no suministra los datos), de la oposición (que no se los reclama) y de la prensa (que cumple en no “levantar la perdiz” sobre lo que está verdaderamente ocurriendo en materia de endeudamiento fiscal).

Si no se tienen datos actualizados y en firme del 2014 menos se tendrán sobre las reales perspectivas del 2015, cuyas cifras dependen no sólo del perfil de vencimientos de arrastre sino también – y muy especialmente - de las continuas modificaciones y/o agregados que se están produciendo.  


¿CUÁNTO DEBE LA ARGENTINA?

Según los números del MECON al 31.12.2013 la Deuda Pública en cabeza del Estado Central – es decir, sin Provincias/Municipios, Banco Central (BCRA), Deuda Pública Indirecta (Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios) y Juicios contra el Estado con sentencia en firme – sumaba 214.400 MD (Millones de Dólares, con redondeo): 202.600 MD de Deuda Performing o con cumplimiento en el pago de intereses y 11.800 MD de Deuda en default (incumplimiento), computada por el gobierno con los Holdouts (los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010).

Estas cifras, sin embargo, son muy engañosas e incompletas:

a)    Porque toman como base un stock de deuda bajo el falso supuesto que el mismo se va cancelando anualmente a medida que caen los vencimientos cuando ello no es cierto porque la totalidad de dichos importes se renueva a su vencimiento y además se toma nueva deuda pública, de modo que el saldo de deuda no baja y los importes, en consecuencia, no son decrecientes sino incrementales.

b)    Porque los datos se refieren sólo a la Deuda Oficial por Capital y no incluyen la suma de Intereses a pagar, que según el propio MECON sería de 72.400 MD[1] para todo el período de deuda activa – hoy hasta el 2046 - siendo obvio que este concepto no debiera omitirse porque cuando se tiene una deuda la misma incluye principal más intereses.

c)    Porque en esos totales de deuda no se incluyen las obligaciones por pago de cupones PBI, que son deuda en firme – no contingente – y suman aproximadamente otros 15.000 MD.

Esto significa entonces que, tomando los propios datos del MECON al fin de 2013, el Gobierno Central debía a esa fecha unos 301.800 MD (214.400 + 72.400 +15.000) y no los 202.600 MD que aduce para los cálculos oficiales, debido a que allí se toma solamente la Deuda Performing.


¿CUÁNTO AUMENTÓ LA DEUDA EN EL 2014?

Este dato – conforme lo dicho antes acerca de la falta de información oficial – es un interrogante, pero puede inferirse tomando dos puntos de referencia: la deuda prevista en el Presupuesto y la deuda extraordinaria asumida durante el año.

-   El Presupuesto original 2014 contenía una previsión de nueva deuda pública por 12.700 MD, producto de la diferencia entre 44.300 MD de vencimientos de capital durante el ejercicio y 57.000 MD de nuevo endeudamiento público, que comprende la refinanciación total de las deudas que vencen en el período.

-   A esta suma autorizada hay que agregarle las deudas nuevas que no estaban contempladas en el Presupuesto y que se sabe fueron contraídas hasta ahora en la medida en que han tomado estado público durante el año: unos 700 MD de bonos emitidos para pago de laudos perdidos ante el CIADI, 11.000 MD por pago con bonos de indemnizaciones a Repsol por YPF (6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses) y unos 3.700 MD adicionales de pago al Club de París (9.700 MD reconocidos contra 6.000 MD registrados por el MECON). Es decir, que durante el 2014 el gobierno habría incorporado hasta hoy deuda extraordinaria o no prevista por unos 15.400 MD.

No se toman aquí en cuenta las nuevas deudas en pesos por Bonar 2016/2017 ni las tomadas por Bonad 2016/2018 bajo modalidad dollar-linked porque se supone que tales títulos estarían dentro de los totales autorizados por el presupuesto.

Lo mismo que los nuevos Bonar 2024 colocados en Diciembre – por 275 MD – si se los considera incluidos en los topes de endeudamiento autorizados por el Presupuesto.

En compensación a estos incrementos de deuda habría que considerar – como ya pasó en ejercicios anteriores – una reducción contable relevante por la deuda en pesos que está expresada en dólares, como producto de la devaluación ocurrida desde Enero y que pudiera estimarse en unos 11.400 MD.[2]

Ergo, tentativamente la suba del total de Deuda Pública podría haber llegado este año a unos 16.700 MD (12.700 + 15.400 – 11.400).

Reiterando que se trata de cálculos muy estimativos dada la falta de datos oficiales.


LOS VENCIMIENTOS DEL 2015.

Según el último Informe de Deuda Pública del MECON - al 31.12.2013 - en el 2014 se producirían vencimientos por 38.350 MD de Capital y 7.900 MD de Intereses; en total, servicios de deuda por 46.250 MD.

Dentro de los 38.350 MD de Capital, 25.000 MD – que es mucho más de la mitad (el 65 %) – eran Adelantos Transitorios (AT) del BCRA al Tesoro, que nunca se pagan sino que se renuevan íntegramente al vencimiento.  

Cabe observar, sin embargo, que estas cifras fueron difundidas durante el corriente año - muy a posteriori del envío del Proyecto de Ley de Presupuesto 2014, que fuera ingresado a mediados de Setiembre del 2013 y aprobado por Ley 26.895 del 22.10.

Al 30.9.2013 – una fecha también posterior a la remisión del proyecto de presupuesto - el MECON daba vencimientos en el 2014 de 29.000 MD por Capital y 7.200 MD por Intereses. En total, servicios por 36.200 MD.

Y antes de ello, al 30.6.2013 los datos para el 2014 eran todavía menores: 28.000 MD por Capital y 6.900 MD por Intereses. En total, 34.900 MD.

Esto prueba la fuerte variación que se produce en la composición de la Deuda y sus vencimientos a través de la propia información oficial del MECON; con el agravante que todas estas cifras, a su vez, no son coincidentes con las aprobadas en el Presupuesto 2014, pese a que los datos se elaboran en la misma época.

La Ley de Presupuesto aprobada para este año (2014) – como ya dijimos – prevé la toma de nueva deuda por 57.000 MD, basándose en vencimientos o amortizaciones de capital por 44.300 MD, lo que conlleva el aumento de los 12.700 MD citado.

El importe de los intereses a pagar según el Presupuesto 2014 – que, a diferencia de los vencimientos de capital, no se refinancian sino que se abonan en efectivo – era, a su vez, de 12.200 MD (casi el doble de los informes del MECON).

Mostradas contra el Presupuesto 2015 este tipo de diferencias son mayores aún.

Para el año que viene el último Informe del MECON (al 31.12.2013) daba vencimientos de 15.950 MD por Capital y 7.000 MD por Intereses – total 22.950 MD - mientras que el Presupuesto aprobado por el Congreso reconoce ahora Amortizaciones de Capital a su vencimiento por 53.600 MD (!) y Endeudamiento de 71.300 MD, lo que da un aumento previsto de 17.700 MD en el stock de deuda durante el 2015; y pago de Intereses por 10.200 MD.

Las cifras consignadas en los informes del MECON al 30.9 y al 30.6.2013, peor aún, daban 13.650/6.500 MD (total 20.150 MD) y 11.900/6.150 MD (total 18.050 MD) para Capital e Intereses, respectivamente.

Estas disparidades de cifras constituyen algo así como una constante en materia de informaciones sobre el perfil de vencimientos de la deuda pública: los importes de vencimientos según los Informes de Deuda del MECON son siempre mucho menores que los consignados como amortizaciones y pago de intereses que se aprueban después por las leyes de Presupuesto de la Nación.


LOS HOLDOUTS Y LA CLÁUSULAS RUFO/MFC.

El arreglo de la cuestión de los holdouts – que se supone el gobierno empezará a regularizar a partir del 2015, aunque en forma gradual – implica montos totales de pago estimados entre 20 y 30.000 MD, contra la cifra de 11.800 MD que se computaba oficialmente a fines de 2013, es decir, más del doble de las previsiones (y que el gobierno estima ahora en el orden de los 15.000 MD).

No se trata de deudas que el gobierno haya cuestionado en su legitimidad sino de obligaciones reconocidas por las cuales sólo ha interpuesto sucesivos y hasta contradictorios argumentos para objetar el cumplimiento del fallo del juez Griesa: básicamente, la discusión sobre el bloqueo de pago a los bonistas como condición extorsiva del pago a los holdouts.

Las vulnerabilidades de fondo de la posición argentina frente a los holdouts, empero, no están dadas sólo por estas exigencias “de coyuntura” sino por la aceptación cuasi irrestricta de la prórroga de jurisdicción ya realizada ante los tribunales extranjeros y la errónea estrategia legal seguida por el gobierno Kirchner a través del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que desde los tiempos del Plan Brady lleva la representación jurídica de la Argentina ante los tribunales de Nueva York.

Habiendo esta administración Kirchner reconocido la competencia de dichos tribunales neoyorkinos y habiendo después apelado y perdido todas las instancias legales posibles en los fueros estadounidenses, el gobierno CFK parece haberse acordado algo tarde del hecho que los FB son malos, que ganan sumas extraordinarias y que tienen capacidad de lobby.

Si verdaderamente hubiera querido confrontar con inteligencia los reclamos de los FB contra la Argentina, el gobierno tendría que haber objetado debida y oportunamente la condición de los fondos especulativos como tenedores no originales, debiera haber planteado que los eventuales resarcimientos debían hacerse a valor de compra y no a valor nominal de los títulos – dada la situación de emergencia que vivía el país – y, consecuentemente, debería haber blanqueado en forma realista su verdadera situación de insolvencia e iliquidez financiera, en vez de proclamar supuestas mejoras sin precedentes en materia de política económica nacional.

Así, el mismo gobierno que se jactaba de haber alcanzado aparentes éxitos sin precedentes de crecimiento de la economía en todos los órdenes era el mismo que jugaba ante los holdouts el argumento del arrastre de la Crisis del 2001 y la necesidad de mantenimiento de la Ley de Emergencia Pública 25.561 (del 7.1.2002) con todas sus prórrogas hasta fin del 2015 (!).

Temprano o tarde, era insostenible que los juicios iban a perderse y que las acreencias reclamadas serían exigidas así a valor facial, sin atenuantes para nuestro país.

Por eso actualmente, tal como están las cosas, la aceptación del cumplimiento de la sentencia Griesa y los pagos correspondientes son así sólo una cuestión de tiempo ... de tiempo y de teatralización de los argumentos acerca de cómo presentar los hechos ante la opinión pública.    

A partir del 2015 la administración CFK va a tener que afrontar estas condiciones desiguales sin mucho margen para la negociación.

Con el agravante que aparte de esta masa de reclamos y juicios – las demandas hoy existentes de los holdouts, las que se están sumando del resto de los tenedores que no ingresaron en el Megacanje Kirchner-Lavagna y las numerosas demandas pendientes ante el CIADI – hay que contemplar la posibilidad de nuevos reclamos provenientes de los bonistas que ya entraron en el canje.

Porque el cumplimiento del fallo Griesa – aún presumiendo que se pague a los Fondos Buitre (FB) y resto de acreedores una parte al contado y otra con bonos - no exime al Estado Argentino de posibles reclamos por parte de los bonistas que entraron en el Megacanje 2005-2010 debido a que el gobierno Kirchner reconoció a esos bonistas, según las condiciones del canje, las cláusulas RUFO (Derecho a futuras ofertas) y MFC (Acreedor más favorecido), que lo dejan expuesto a reclamos de estos acreedores frente a mayores cobros de los holdouts.

La opinión generalizada supone que nuestro país no tendría problemas en burlar el cumplimiento de estas cláusulas habiendo logrado dilatar cualquier reconocimiento a los FB después del 31.12 de este año, en que vence la cláusula RUFO.

Sin embargo, la Argentina no queda exenta de sufrir la demanda de algún bonista díscolo que reclame el cumplimiento de la cláusula del Acreedor más favorecido por el hecho de obrar el gobierno Kirchner de mala fe al dilatar cualquier arreglo con los FB y los holdouts en general para el 2015.

Y todo esto, siempre que se soslaye un problema existente más grave aún y que es de carácter general, en cuanto a la no prescripción de la cláusula RUFO - según lo sostenido por Javier Llorens[3] - dado que la vigencia de esta cláusula no caería a favor de la Argentina porque el problema no deriva de las condiciones del prospecto de colocación de títulos sino de la prohibición de mejora hecha a través de la Ley cerrojo 26.017 y conexas.  


EL ROL DE LA DEUDA INTRA-ESTADO.

Durante 10 años de administración K el país ha vivido pagando deuda externa mientras tomaba más deuda y preparaba su retorno al Mercado Internacional de Capitales.

La presidenta se jacta y protesta ante los acreedores externos de haberles pagado 190.000 MD (cifra sobre la cual no se conoce desagregado explicativo alguno) durante la “década ganada”, pero ocurre que ahora la Argentina debe más que antes.

Después del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 el stock oficial de la Deuda Pública era de unos 150.000 MD por capital y hoy – como hemos visto – es de 214.400 MD (saldo a fin de 2013) más deudas adicionales contraídas durante este año, que no bajarían de los 16.000 MD (según lo visto más arriba).

Las deudas que se han venido contrayendo y que se van a contraer en el futuro próximo no tienen capacidad de pago demostrada: son obligaciones que se toman con la sola esperanza de poder volver a refinanciarlas a su vencimiento.

Son una forma reiterada de Lavado de Deuda: obligaciones que arrastran sucesivas irregularidades de contracción, refinanciamiento y falta de solvencia fiscal, pero que se perpetúan por la complicidad de gobiernos de turno y clase política en la no investigación de esas deudas. 

Durante toda la gestión K la principal tarea del gobierno en materia de endeudamiento fue pagar privilegiadamente a los acreedores externos – sin cuestionamiento alguno – traspasándole las obligaciones impagables a los organismos del propio Estado, fundamentalmente ANSES (que administra la plata de los jubilados), BCRA (que administra las divisas del país) y Banco Nación (BNA, que es la principal entidad crediticia nacional).

Hoy el gobierno y todo el establishment financiero, con el acompañamiento de la mayoría de la clase política y los grandes medios de formación de la opinión pública,  repiten a coro que la Argentina se está des-endeudando, refiriéndose así sólo al hecho que la mayoría de la deuda impagable ha sido traspasada al propio Estado y, por ende, al Pueblo Argentino (traspasada a pérdida, porque es deuda que no tiene capacidad de repago).

Todos ponderan que ahora el gobierno tiene menor deuda externa con acreedores privados del país pero nadie dice media palabra sobre el hecho que la Deuda Pública ha venido aumentando a pasos acelerados y que sus proyecciones son más crecientes todavía.

Nadie plantea el gran interrogante sin respuesta de quién, cómo y cuándo pagará toda esta cuantiosa Deuda intra-Estado generada por el gobierno Kirchner para privilegiar el pago de Deuda Externa con Terceros.

Peor aún, todos callan en forma cómplice frente a la maniobra en curso por parte del gobierno de ir licuando esa deuda intra-Estado vía inflación y sub-indexación de las obligaciones en pesos.

Nadie menciona el costo de esa Deuda Interna que agrava el desfinanciamiento del Sistema Previsional, la descapitalización del BCRA y la distorsión del Sistema Crediticio Argentino por culpa del pago de la Deuda Externa.

Con el agravante y la paradoja que todo este sacrificio fiscal está puesto al servicio del objetivo del fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna y de la actual Hoja de Ruta Boudou, que es normalizar la crisis de los holdouts y arreglar con el Club de París para volver al Mercado Externo de Capitales para tomar más deuda.

Es el tradicional camino señalado por el Partido de la Deuda, que propone dejar de emitir dinero sin respaldo para seguir emitiendo deuda sin capacidad de repago.

20 de diciembre de 2014

Deuda pública ¿de verás la quieren investigar?



LA DES-INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 20.12.2014


Quien no investiga delitos sobre los que hay evidencia cierta y comprobada es, en principio, cómplice de esos delitos.

Esto ocurre en la Argentina en materia de endeudamiento público desde hace décadas – desde el Proceso Militar hasta nuestros días – sin que la línea de conducta de los gobiernos de turno haya cambiado un ápice sobre el tema.

La administración K no es una excepción en tal comportamiento y algunos hechos recientes no sólo lo están demostrando sino que además están poniendo en evidencia una serie de acciones distractivas al respecto.


LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA LEY 26.984.

La Ley 26.984 - llamada de “Pago soberano” y “Reestructuración de la Deuda” -  establece taxativamente la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación ­(Título II, Capítulo único, Artículo 12).

Esta Comisión estaría compuesta por 8 senadores y 8 diputados, respetando la proporción de las representaciones políticas dentro del Congreso.

El texto de la norma – vale la pena recordarlo – dice lo siguiente:

“La Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar.

Asimismo, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

1. El seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen.

2. La investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por aquellos (American Task Force Argentina-ATFA), dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Nación y su Poder Judicial.

3. La presentación de un informe final respecto de los temas comprendidos en el presente artículo, para ser considerado por ambas Cámaras, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.

La Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos, como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.

Los miembros de la presente Comisión Bicameral Permanente así como el personal permanente o eventual asignado a la misma, deberán guardar la más estricta confidencialidad respecto a la información a la que tuvieran acceso en virtud del párrafo anterior. En caso de divulgación o de uso indebido de la información a la que tuvieren acceso en ocasión o ejercicio de sus funciones, serán considerados incursos en falta grave a sus deberes y les será aplicable el régimen sancionatorio vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder por aplicación del Código Penal.”

Hasta aquí lo establecido por la Ley 26.984, que fue propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por amplia mayoría oficialista en el Congreso el 10.11 pasado.

Con el argumento de que no se ha cumplido el objetivo de la ley al fracasar el intento de cambiar a jurisdicción local el pago a los bonistas del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 existen fuertes presiones de los sectores financieros para que la Ley 26.984 sea derogada, o bien permanezca – como hasta ahora - en un abierto incumplimiento por parte del mismo Congreso que la votó y que lo obliga a sí mismo. 


LOS PROYECTOS-TAPON DEL OFICIALISMO.

En un claro y bastante burdo intento de distraer la atención de la opinión pública acerca del incumplimiento de la Ley 26.984 y no constituir la comisión investigadora de la ilegitimidad de la Deuda que la norma establece, el gobierno Kirchner ha venido acelerando el avance de algunos proyectos-tapón que actúan como distractivos del asunto central:


a) EL PROYECTO RECALDE.

El Congreso avanza actualmente en el tratamiento del proyecto de ley del diputado Héctor Recalde (FPV) 1.676/14, que propone la creación de una comisión para investigar la complicidad de grupos económicos privados en la época del Proceso Militar (1976-1983).

La iniciativa busca identificar empresas que colaboraron y se beneficiaron con la dictadura y elaborar un informe para promover la investigación de responsabilidades en el campo económico y financiero vinculadas con la represión y el terrorismo de Estado.

La comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar "la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas". Recalde señaló que su proyecto apunta a "la búsqueda de memoria, verdad y justicia sobre el papel de los empresarios durante la última dictadura". Y agregó que “esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad". (Infojus Noticias, 11.11.2014).

Esta iniciativa está en línea con lo sostenido en el libro “Cuentas pendientes”, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky.


b) LAS PROPUESTAS DE CAPITANICH.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su Informe al Senado del 22.10 pasado denunció el “terrorismo económico” contra el gobierno argentino a través de “maniobras especulativas” tendientes a desestabilizar al gobierno argentino y pidió crear una comisión bicameral que investigue el tema.

Capitanich pidió la constitución de una comisión que investigue “una serie de maniobras vinculadas al sector privado”, con el objetivo de “identificar todas las operaciones de lavado de activos, maniobras especulativas, impacto a la ley penal cambiaria y precios de transferencia”.

Se refirió también a la existencia de unas 80.000 causas en el BCRA por infracciones cambiarias y precisó que dado que tales irregularidades llevan largos años sin resultados – la mayoría corresponderían al período 2002/2008 - debía hacerse un análisis riguroso para determinar el por qué de tales demoras.

Mencionó también el problema de las maniobras de fuga de capitales en los últimos años – para lo cual pidió la creación de otra comisión investigadora - y recordó además la vigencia del artículo 12 de la Ley de Pago Soberano para investigar el origen de la deuda.

Pero puso énfasis en diversos frentes de problema que se superponen con el tema Deuda.

“Este Congreso de la Nación – dijo - debe profundizar una investigación muy concreta, no solamente sobre el origen de la deuda, sino también extender y crear una comisión bicameral con el objeto de estudiar minuciosamente la fuga de capitales, las subfacturaciones, las operaciones de lavado de activos financieros, las maniobras especulativas de activos bursátiles, porque es imprescindible terminar con estas maniobras que atentan contra la soberanía del país y la gobernabilidad”.

Las denuncias de Capitanich estaban en ese momento particularmente referidas a las maniobras investigadas por el gobierno sobre las empresas del grupo Mariva pero el alcance de sus propuestas, como vemos, sería mucho más amplio.


c) LAS CUENTAS EN SUIZA.

En línea con esta pluralidad de propuestas oficialistas aceleradas sobre el fin del año (y al borde del receso veraniego), días pasados el Congreso dio “trámite expreso” a otro proyecto intercalado a posteriori de la Ley 26.984: la creación de otra comisión más, para investigar la denuncia sobre cuentas no declaradas de argentinos en Suiza.

El proyecto – que ya es ley – establece la creación de una comisión bicameral compuesta por 5 senadores y 5 diputados para realizar una investigación sobre Fuga de Capitales y Evasión Fiscal en la Argentina, sobre la base de informaciones pasadas por un ex directivo del banco HSBC acerca de la existencia de 4.040 cuentas de individuos o empresas de la Argentina no declaradas ante la AFIP y que abarcarían unos 3.000 MD (Millones de Dólares).

Se ha objetado – y objetado con razón – que el motivo invocado por el gobierno no amerita la constitución de una comisión de este tipo ya que la tarea y la responsabilidad primaria de investigación recae en la AFIP y en la Justicia.

No es éste el caso, en cambio, de la comisión investigadora de la legitimidad de la Deuda fijada por la Ley 26.984 porque la misma involucra el análisis de irregularidades que tocan a los funcionarios y organismos del Estado en relación con grupos financieros privados, pone en duda la validez de normas y/o decisiones oficiales y afecta la estructura permanente de las Finanzas Públicas de la Argentina.

Pero la administración Kirchner privilegia el tratamiento de proyectos marginales y cuestionables como distractivo de la Comisión investigadora de la Deuda, que es la más importante de todas.   


EN CONCLUSIÓN:

La cuestión de la Deuda Pública sigue siendo el problema central que afecta el sistema financiero fiscal y la política económica de gobierno argentino pero la misma es deliberadamente soslayada por el Gobierno K.

Este  comportamiento no toca sólo a la administración de turno sino que es una constante compartida por toda la clase política, apoyada en la tríada oficialismo-oposición-medios que determina lo que es la Opinión Pública en el país.

Pero su actor y responsable directo es hoy una administración que toma las decisiones de endeudamiento, que enmascara esas decisiones con un discurso confrontativo inverso a las acciones que adopta y que confunde a la población con proyectos superpuestos y distractivos que apartan el eje de atención del problema central y absoluto de la Deuda.

El gobierno Kirchner – después de 11 años de gestión y en el último de su mandato – parece haberse acordado algo tarde de proponer todas estas comisiones, que además da la casualidad que se superponen a fines del ejercicio 2014 (previo a las vacaciones del Verano) neutralizando en la práctica el cumplimiento de la más importante de todas, que es la comisión investigadora de la legitimidad de la Deuda Pública según lo dispone la Ley 26.984 de Pago Soberano.-

5 de diciembre de 2014

La mentira del "desendeudamiento".


Argentina: BODEN 2015 y re-endeudamiento K

Héctor Giuliano 
5 DE DICIEMBRE DE 2014


En el marco de la política de re-endeudamiento del país que viene llevando a cabo la administración Kirchner - en las postrimerías de su mandato - hoy se anunció una nueva e importante operación combinada de pago anticipado, canje y colocación de nueva deuda pública.

Lo que sigue son algunas observaciones y comentarios personales acerca de las primeras noticias que se tienen al respecto.

El ministro Kicillof informó que el gobierno ofrece cancelar anticipadamente la totalidad de los Boden 2015 - que vencen en Octubre del año que viene - para “cortar de cuajo” las especulaciones y habladurías que estarían tirando los Fondos Buitre (FB) contra la Argentina diciendo que el gobierno Kirchner no tiene fondos para cumplir con sus compromisos.

Un argumento contradictorio para una administración que no tiene los dólares suficientes como para poder abonar tales vencimientos y que, por ende, confía en seguir haciendo lo que ya viene haciendo durante toda la “década ganada”: pagar deuda con nueva deuda y tomar deuda adicional.

El gobierno K confunde deliberadamente a la opinión pública hablando de un des-endeudamiento que no existe ya que la Deuda Pública sigue aumentando a un ritmo entre 10 y 15.000 MD (Millones de Dólares) por año.

El ministro - lo mismo que la presidenta - hace referencia a la “voluntad y la capacidad de pagar” del gobierno argentino:

- En cuanto a “voluntad” de pago no cabe ninguna duda: desde la auto-definición de la presidenta como “pagadora serial” hasta los montos récord de servicios de deuda abonados por capital e intereses en 10 años (190.000 MD según la información oficial), la administración K no tiene rivales en la toda la Historia Argentina en materia de pagos por servidumbre financiera.

- Pero en cuanto a la supuesta “capacidad de pago” ello no está demostrado en absoluto por parte del Ministerio de Economía. Por el contrario, la realidad es que el país no tiene hoy ni la Solvencia ni la Liquidez para afrontar sus compromisos - que es exactamente la inversa de lo que sostiene el gobierno - y esto lo prueba el hecho que todas las deudas se pagan con nueva deuda y además se toman obligaciones adicionales y se capitalizan intereses.

Es la confusión deliberada entre des-endeudamiento y refinanciación de deuda perpetua.

Lo que pasa es que las autoridades dan por sentado que la Deuda intra-Estado (que hoy es el 60 % de la Deuda Pública Total) no se va a pagar y que la misma se irá licuando con el tiempo, a costa de la descapitalización del Banco Central (BCRA) y del desfinanciamiento del Estado (FGS ANSES, BNA y otros entes públicos que administran fondos que no le son propios).

Y todo ello, para privilegiar el pago de la deuda con terceros - Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales (FMI, Banco Mundial, BID y CAF) - y volver así al Mercado Internacional de Capitales, en función de la Hoja de Ruta Boudou, para colocar más Deuda.

Con esto se demuestra el arbitrio de haber utilizado la deuda intra-Estado como forma de descargar obligaciones externas impagables para pasarle el costo de la Deuda - una vez más - al Pueblo Argentino.

La colocación de nuevos bonos en dólares - como los que ahora se emiten con las nuevas series de Bonar 24 - son el preludio de esta nueva ola de endeudamiento K, de la que venimos hablando hace tiempo.

Se comienza a cumplir así con la premisa neo-liberal exigida por el Sistema Financiero: “no emitan Pesos, emitan Deuda”.

Pero vamos ahora a los anuncios concretos del ministro Kicillof y sus implicancias.

El ministro dijo que el gobierno Kirchner ofrece ahora a los tenedores de Boden 2015 tres “opciones”:

I. Pago anticipado de los BODEN 2015

El Ministerio de Economía ofrece pagar en forma adelantada la totalidad del capital en circulación de estos bonos - que suman unos 6.300 MD (6.700 incluyendo intereses) - abonando en efectivo el 97 % del Valor Nominal (VNO), es decir, recomprar anticipadamente estos títulos al precio de cotización actual en Bolsa (después de la recuperación y estabilización relativa de precios en el mercado).

Pero el gobierno no dispone ni mínimamente de tal suma en efectivo - en el supuesto que se presentasen todos o gran parte de los tenedores al cobro - por lo que debe suponerse que esta baladronada se explicaría por la existencia de alguna forma de pre-acuerdo secreto con la mayoría de los acreedores que van a participar en las operaciones.

En este sentido, cabe recordar que a principios de Octubre pasado se supo - por informaciones periodísticas - que el repunte producido en la bolsa porteña, cuando los valores de bonos y acciones estaban en baja, fue liderado por los fondos de inversión internacionales de George Soros y Daniel Loeb; por lo que las invectivas oficialistas en contra de las acciones especulativas caerían - una vez más - en el plano de los discursos para la galería.

Sería muy importante que las autoridades demostraran oportunamente la transparencia de las operaciones realizadas con la publicidad de los tenedores que se presenten a las mismas.

II. Canje por BONAR 2024

La segunda opción - que sería la clave de la oferta gubernamental - es el canje de los Boden 2015 por nuevos Bonos Bonar 2024 (los mismos que fueron dados a Repsol por la expropiación de acciones de YPF).

Se trata, obviamente, no de una cancelación con des-endeudamiento sino, por el contrario, de una nueva reestructuración de deuda externa por canje de títulos: el gobierno K - repetimos - engaña a la opinión pública hablando de “des-endeudamiento” cuando en realidad se trata de novaciones de deuda (con los mismos o con nuevos acreedores privados) sin baja en el monto de los pasivos del Estado.

Por el contrario, la Deuda va a aumentar porque ahora se tomarían nuevas obligaciones más caras - a un valor prácticamente igual al facial (99.7 % sobre cada 100 de VNO) que prolongan otros 10 años el período de endeudamiento por estos títulos públicos que vencen en el 2015.

Los Bonar 2024 tienen nuevos plazos y tasa de interés más alta: mientras los Boden 15 pagan cupones del 7.0 % los Bonar 24 pasan a pagar el 8.75 % (ambos, en dólares), más la capitalización por anatocismo de los intereses corridos (a razón de 1.53611 dólares por cada 100 de VNO del principal).

Ergo, el nuevo canje de títulos no implica un des-endeudamiento del Estado sino el mantenimiento de la misma deuda dolarizada y un aumento de los servicios a pagar por intereses en el tiempo.

III. Nueva deuda por BONAR 2024

El Ministerio de Economía (MECON) da como una tercera opción lo que en verdad es colocación de deuda nueva y que sólo sería una opción propiamente dicha si los fondos cobrados según la opción a) se recolocasen por esta vía ya que se trata de la licitación de otros 3.000 MD de Bonar 2024 que se suman a las emisiones ya realizadas este año y las que se agregarían por la opción b).

El MECON, efectivamente, ofrece colocar nuevos Bonar 24 en las mismas condiciones - al valor de 96.20 % del VNO y tasa de interés 8.75 % en dólares - por el monto de deuda adicional citado (los 3.000 MD de nueva deuda, que ya no es dollar linked sino directamente son obligaciones en dólares).

La suma de los Bonar 2024 ya emitidos por el gobierno Kirchner es hoy de 3.250 MD, por lo que las nuevas emisiones implicarían elevar el monto de deuda por estos títulos al doble en el caso c) y a más del triple con el caso b).

Los Bonar 24 tienen plazo 10 años y amortizan capital desde el quinto año a razón de un 16.66 % por año (un sexto), por lo que su peso acelera el perfil de vencimientos.

Constituyen nueva deuda en moneda extranjera emitida por el gobierno K.

Hasta aquí los principales datos conocidos en la fecha sobre la base de los anuncios del MECON.

Todavía no ha sido editada la Resolución Conjunta 321 de la Secretaría de Hacienda y 86 de la Secretaría de Finanzas, ambas del 2014, que regulan los procedimientos operativos del caso.

Pero el fondo de la cuestión, en principio, se perfila bastante claro:

a) El gobierno Kirchner sigue adelante con su proceso de re-endeudamiento y toma de más deuda pública antes de finalizar el 2014 (previo al reinicio de las negociaciones con los FB) mientras dice a la opinión pública que se está des-endeudando.

b) Este proceso está perfectamente en línea con el interés y las consiguientes presiones de los fondos financieros especulativos que la administración K dice confrontar.

c) La Deuda intra-Estado - conforme lo venimos advirtiendo - se comprueba como un arbitrio utilizado por el gobierno K a modo de “préstamo puente” interno a los efectos de pasar la deuda impagable al Fisco y al Pueblo Argentino para poder volver a colocar más Deuda Externa.

La nueva ola de endeudamiento en curso es el precio de la supervivencia financiera y política del gobierno hasta fines del 2015, pasándole el grueso de las cuentas a pagar a la nueva administración de la partidocracia opositora, cuyos dirigentes notablemente compiten para garantizar el cumplimiento del “cheque en blanco” de la deuda K.
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4 de noviembre de 2014

Deuda externa: preparando la Tercera Ola



Bajo las narices de toda la clase política – sin que los principales referentes digan algo al respecto - la administración K sigue avanzando en la toma de compromisos financieros sin capacidad de repago...

HOLDOUTS: EL LIBRETO Y SUS PROTAGONISTAS.

Por Héctor GIULIANO (2.11.2014).


Desde fines del año pasado – dos años antes del cambio de gobierno en Diciembre de 2015 – se ha instaurado en la Argentina un prematuro y artificial clima pre-electoral que sirve como distractivo de importantísimas decisiones de gobierno que se están tomando en materia de endeudamiento público.

Bajo las narices de toda la clase política – sin que los principales referentes digan algo al respecto - la administración K sigue avanzando en la toma de compromisos financieros sin capacidad de repago y que sólo apuntan a patear las obligaciones para adelante cancelando todos los vencimientos de capital con más deuda, aumentando el pago de los intereses y recargos e incrementando además el stock de los pasivos del Estado con Deuda Nueva.

Es la vía de cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou, que fija como requisitos liquidar la cuestión de los Holdouts y haberse allanado a las exigencias del Club de París para poder volver así al Mercado Internacional de Capitales, es decir, para volver a endeudarse en el exterior.

Pese a la falta de informaciones clave a este respecto, todas las acciones del gobierno K son convergentes hacia una nueva ola de endeudamiento público y los hechos se encargan de demostrarlo.

Tomando en su conjunto la denominada Década Ganada, nos encontramos que durante estos 10 años la Argentina K se dedicó primariamente a batir récords de pagos de la Deuda Externa: 190.000 MD (Millones de Dólares) que la presidenta no deja de recordar como auto-elogio de su condición de “pagadora serial”.

Toda esa masa de dinero fue pagada privilegiadamente a los Acreedores Externos y a los Organismos Financieros Internacionales (FMI, Banco Mundial, BID y CAF) pero el stock de la Deuda Pública no bajó sino que, por el contrario, el aumento promedio fue de 10.000 MD por año ya que hasta el último centavo de vencimientos de Capital se pagó, se paga y se seguirá pagando con nueva Deuda y no con cancelaciones netas.

Así, el gran perjudicado por esta descomunal transferencia de divisas al exterior ha sido el Estado y, por ende, el Pueblo Argentino, a través del mecanismo generalizado de traspaso de las obligaciones impagables con incremento de la Deuda intra-Estado, fundamentalmente desfinanciando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, descapitalizando las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA) y desviando la mitad de la cartera de préstamos del Banco Nación (BNA) para sostener la deuda del Tesoro.

Agotadas ahora estas vías espurias y transitorias de financiamiento del Estado por la existencia de Déficits gemelos – Fiscal y de Balanza de pagos – llegada a niveles máximos la presión tributaria y a límites altísimos la emisión monetaria inflacionaria, el Sistema de la Deuda vuelve por sus fueros; y lo hace a caballo de la vieja receta neoliberal que dice: “no emitan Dinero, emitan Deuda”.

Así, el gobierno K, en las postrimerías de su gestión, viene armando la Tercera Gran Ola de Endeudamiento Externo, después de la Primera, gestada bajo el Proceso Militar, y de la Segunda, desarrollada con la Convertibilidad Menemista.

El stock oficial de la Deuda Pública al 31.12.2013 pasa los 300.000 MD: 214.400 MD por Capital, 72.400 MD por Intereses a Pagar y 15.000 MD por saldo de Cupones PBI: 302.000 MD en total; sólo en cabeza del Estado Central (sin contar Provincias/Municipios, BCRA, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y Juicios contra el Estado con Sentencia en firme).

El Presupuesto 2014 prevé un aumento de la Deuda Pública durante el Ejercicio en curso por el equivalente a 12.700 MD (Amortización de Deudas por 44.300 MD contra Endeudamiento Público por 57.000).

Además, en lo que va del año, se han agregado deudas extraordinarias no previstas

a)    Pago con bonos de 5 laudos perdidos ante el CIADI por 677 MD.
b)    Pago con bonos de la indemnización a Repsol por YPF: 6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses.
c)    Allanamiento a las exigencias del Club de París por 9.700 MD, frente a los 6.000 MD que computaba hasta ahora el Ministerio de Economía (MECON).

El Tesoro ha comenzado a emitir títulos a corto y mediano plazo en pesos: Bonar 2017, por 10.000 M$ a Tasa de Interés 28 % y Bonar 2016 por otros 10.000 M$, a Tasa del 23 %.

En Octubre, la Tesorería comenzó a emitir además 1.000 MD en BONAD 2016, bajo mecanismo dollar linked, es decir, bonos que se pagan en pesos con cláusula de ajuste dólar más 1.75 % de Interés.

Toda esta nueva deuda que se está emitiendo va a tener que ser pagada por el nuevo gobierno que suceda a la administración K.

Y a ello se le suma el agujero negro de la cuestión de los Holdouts:

Juicios perdidos en los Tribunales de Nueva York: 1.600 MD por el caso testigo NML-Aurelius y Otros (que ha sido perdido en todas las instancias legales de los Estados Unidos reconocidas por el gobierno K) más los nuevos juicios que ya tienen fallos en contra del país (de los cuales más de 1.500 MD por otras dos de las 11 demandas del fondo NML-Elliot/Singer).

Reclamos del resto de los Holdouts por un total estimado entre 20 y 30.000 MD, incluyendo gastos, honorarios y costas de los juicios.

Reclamos posibles de los bonistas que entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 por aplicación de las cláusulas RUFO/MFC, ante cuyos términos el país estaría expuesto a reclamos por hasta 120-150.000 MD.

La estrategia seguida por el gobierno K frente a esta problemática de la Deuda es diferir el cumplimiento del fallo Griesa hasta Enero de 2015 para tratar de burlar la cláusula RUFO y encarar a partir de entonces el pago a los Fondos Buitre (FB), lo que dispara, sin embargo, el problema de los tres puntos citados.

Bajo toda evidencia, la presidenta esperaba que la Corte Suprema de los Estados Unidos – sea tomando en cuenta su apelación a la sentencia Griesa o simplemente pidiendo opinión a la Procuración del Tesoro – la ayudara a lograr estos diferimientos pero sus expectativas se vieron defraudadas con el rechazo de la Corte y el bloqueo de los pagos de intereses a los bonistas del canje por el juez.

Desde entonces, las complicaciones, desprolijidades y contradicciones de la administración K no han dejado de crecer, al amparo de un discurso oficial duro “para la galería” mientras se trata de ganar tiempo a costa de nuevos compromisos y de concesiones de cualquier orden (desde las nuevas deudas hasta el petróleo).

Así, a la serie de colocaciones de deuda antes citadas se le agrega la presentación del proyecto sobre Convención Multilateral de Reestructuraciones de Deuda Soberana en la ONU, en línea con el viejo proyecto del FMI elaborado por el grupo a cargo de su vicepresidenta Anne Krueger en 2002.

En el orden local la Deuda Cuasi-Fiscal del BCRA por Lebac/Nobac ha crecido a niveles sin precedentes: 260.000 M$ - equivalentes a 30.700 MD (al 30.9.2014) – que representan el 68, casi el 70 %, de la Base Monetaria.

El país, sin reservas netas o de libre disponibilidad, intenta recomponer el stock de divisas comprando dólares con Deuda en pesos (Lebac/Nobac) o pidiéndolas directamente prestadas por vía del BCRA (Otros Pasivos con el Banco de Francia, el BIS de Basilea y el acuerdo de Swap de monedas con China), pero todo ello es más deuda lateral a la del Tesoro e igualmente emitida sin capacidad de repago.

Y frente a este cuadro de situación está el Presupuesto 2015 que acaba de aprobar el Congreso y que establece todavía más pagos y más Deuda:

a)    Aumento de la Deuda Pública durante el Ejercicio por 17.700 MD (Amortización de Deuda por 53.600 MD contra nuevo Endeudamiento por 71.300).

b)    Dentro del total a refinanciar, 46.100 MD corresponden a Operaciones generales de Crédito Público (artículo 37) y 12.000 MD a pagos de Deuda Externa con Reservas del BCRA, que se hacen a través del llamado Fondo de Desendeudamiento (FDA).

c)     Se contemplan Intereses a Pagar por 96.200 M$ - equivalentes a 10.200 MD (a un tipo de cambio previsto de 9.45 $/US$) - pero no se informa sobre la parte de los intereses que se capitalizan por anatocismo, que sumarían otros 1.000 MD.

d)    El Presupuesto autoriza además al Poder Ejecutivo a contraer otros 50.300 MD de deuda para financiar Obras Públicas y de Infraestructura (artículo 41).

e)    Se autoriza también la contracción por el Ejecutivo de Operaciones de Crédito pluri-anuales por otros 37.200 MD (artículo 43).

f)      Es decir, que sumando los tres artículos que cuantifican autorizaciones de nueva deuda pública (37, 41 y 43) el gobierno Kirchner queda autorizado por la Ley de Presupuesto para contraer nuevas deudas por un total equivalente a 133.600 MD (46.100 + 50.300 + 37.200) durante el último año de su gestión.

Hasta aquí el cuadro de situación resumido de la Deuda Pública actual de la administración K incluyendo los compromisos asumidos y/o autorizados hasta la fecha; y de las proyecciones crecientes de sus obligaciones que serán transferidas al nuevo gobierno electo en el 2015.         

Éste es el libreto que se está escribiendo – o, al menos, la parte conocida hasta ahora del libreto – y ahora falta que, aparte de completar su protagonismo hasta el fin del mandato, aparezcan los nuevos actores que van a tener que ejecutarlo en el futuro próximo y en sus roles más pesados.

Notablemente, la mayoría de la partidocracia opositora soslaya directamente estos hechos, parece ignorar el problema de la nueva Crisis de Deuda que vive el país, acompaña – por acción y/o por omisión – las acciones de la administración K encaminadas a volver a tomar Deuda Externa, y sus candidatos se preocupan más en presentarse ante los acreedores extranjeros como garantes del cheque en blanco que van a recibir del gobierno Kirchner que por prevenir y defender los intereses financieros del Pueblo y del Estado Argentino.



25 de septiembre de 2014

Deuda externa ¿ahora la quieren investigar?


Ya en el año 2000, el juez Ballesteros había dictaminado la ilegitimidad de la deuda externa contraída durante la dictadura militar. Puesto que la acción penal había prescripto, el Juez Ballestero remitió el fallo al Congreso, para que tome la intervención que la Constitución Nacional le confiere en el manejo de la Deuda Externa (art. 75). La mayoría parlamentaria nunca se ocupó del tema (1). ¿Por qué creerles ahora? 


Argentina: ¿Pago soberano o comisión investigadora?
Héctor Giuliano (especial para ARGENPRESS.info)
JUEVES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

La creación de una Comisión Investigadora de la legitimidad de la Deuda Externa de la Argentina mientras el gobierno sigue pagando los servicios de dicha Deuda constituye un manifiesto contrasentido.

Días pasados (el 10.9) el Congreso aprobó la Ley 26.984 - denominada de Pago soberano – relativa a la cuestión del pago a los bonistas del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010

Esta ley - en el Título II, Capítulo único. Del Orden Público de la presente Ley (artículo 12) – crea en el ámbito del Congreso de la Nación una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación.

Es la primera vez que se crea por Ley del Congreso una Comisión de esta naturaleza y con esta finalidad, así como con la amplitud de su alcance en materia de investigación.

La Comisión estará compuesta por 8 senadores y 8 diputados y tendrá por objeto “investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar.”

A continuación, el mismo artículo especifica que:

“Asimismo, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

1. El seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen.

2. La investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por aquellos (American Task Force Argentina-ATFA), dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Nación y su Poder Judicial.

3. La presentación de un informe final respecto de los temas comprendidos en el presente artículo, para ser considerado por ambas Cámaras, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.

La Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos, como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.

Los miembros de la presente Comisión Bicameral Permanente así como el personal permanente o eventual asignado a la misma, deberán guardar la más estricta confidencialidad respecto a la información a la que tuvieran acceso en virtud del párrafo anterior. En caso de divulgación o de uso indebido de la información a la que tuvieren acceso en ocasión o ejercicio de sus funciones, serán considerados incursos en falta grave a sus deberes y les será aplicable el régimen sancionatorio vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder por aplicación del Código Penal.”

Hasta aquí la transcripción completa de todos los párrafos relativos a la constitución y funciones de la citada comisión investigadora.

Se trata de todo un hito en materia de encarar la increíblemente demorada constitución de una comisión investigación de este tipo y cuyo resultado puede terminar marcando un cambio verdaderamente revolucionario en el tratamiento del endeudamiento público de la Argentina durante los últimos 40 años, hasta la fecha.

La noticia ha pasado prácticamente desapercibida tanto para los medios de comunicación como para la oposición política; y el propio gobierno le ha dado poca difusión e importancia.

La creación de esta comisión, en su constitución y misiones, es independiente de los otros capítulos de la norma, referidos al pago a los bonistas del Megacanje y de los holdouts, así como de la autorización del cambio del Bank of New York (BoNY) Mellon por Nación Fideicomisos como agente de pago.

Es decir, que cualquiera sea el derrotero que siga el intento de implementación de la Ley, la Comisión Investigadora de la Deuda mantiene su entidad y vigencia.

Sin entrar – aquí y por ahora - en el análisis detallado y en las múltiples posibilidades que se abren con la conformación de esta comisión, cabe sin embargo formular algunas observaciones y/o comentarios de importancia al respecto:

1. Crear una comisión investigadora de la legitimidad de la Deuda Externa Argentina y no suspender los pagos mientras se sustancie la labor de dicha comisión constituye un contrasentido.

2. Si el Congreso – con el oficialismo mayoritario a la cabeza – no avanza en forma inmediata en la constitución y plan de trabajo de esta comisión quedaría configurado un gravísimo incumplimiento legal y demostrado lo que sería un engaño mayúsculo a la ciudadanía.

3. Mantener el pago de los servicios de la Deuda Pública – como se ha dicho en el punto 1 – y seguir avanzando en los términos de la Hoja de Ruta Boudou para volver al Mercado Internacional de Capitales para tomar más Deuda Externa no sólo agrava las condiciones del Sistema de la Deuda sino que empeora la trampa de endeudamiento perpetuo que sufre el país desde los últimos 40 años hasta hoy y sus posibilidades de revertirla.

Es sumamente importante seguir muy de cerca lo que pase con este capítulo de la nueva ley que crea la comisión Investigadora de la Deuda Externa Argentina para comprobar si se trata de una medida de realización efectiva o se trata, en cambio, de una burla a los intereses del Estado y del Pueblo Argentino.

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(1) Entrevista a Alejandro Olmos Gaona, hijo de Alejandro Olmos quien impulsó la causa penal que determinó el origen ilícito de la deuda pública de Argentina.